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| Jorge Gálvez Abogado |
Cuando la Reforma Procesal Penal se encontraba en fase de discusión y diseño, reinaba entre los actores de este cambio institucional un sincero sentimiento de optimismo. Salvo una muy pequeña minoría que desconfiaba de lo que pudiera venir, existía una percepción generalizada de estar formando parte de un proceso histórico, correspondiente a una modificación estructural impostergable, que reemplazaría a un sistema que amén de sus serias deficiencias teóricas presentaba notorios problemas de aplicación práctica. Se trataba de mejorar una institucionalidad completa, que ya en su elaboración hacía casi un
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hace 4 años